Generadoras analizan vías para impugnar legalidad tras nuevo cambio de criterio en impuestos verdes


Pese a que fue uno de los puntos acordados en el protocolo sobre la reforma tributaria, el cambio de criterio de la autoridad sobre a quiénes se aplicarían los denominados impuestos verdes, volvió a preocupar a las generadoras.

El fin de semana el gobierno anunció que el impuesto a las emisiones de CO2 y de contaminantes locales como el NOx, SO2 y Material Particulado (MP) se aplicaría a calderas y turbinas con una potencia conjunta mayor a 50 MW/t (megawatts térmicos), excluyendo de él las fuentes fijas como industrias, fundiciones y otras fuentes fijas, y centrándose en el sector eléctrico.

En un principio, el acuerdo alcanzado con parlamentarios señalaba que el cobro del impuesto se aplicaría a todas las fuentes que emiten contaminantes, y no a una industria particular.

René Muga, de la Asociación de Generadoras, señala que el criterio adoptado por la autoridad es “discriminatorio” contra las eléctricas, pues pone en un sólo sector la responsabilidad de pagar por emisiones donde también contribuye una parte importante de la industria. La generación eléctrica aporta el 30% de las emisiones de CO2 totales del país.

La autoridad mantuvo en 
US$ 5 por toneladas el impuesto para las emisiones globales de CO2, mientras que en el caso de los contaminantes locales se aplicarán fórmulas -que serán definidas en la ley- para determinar el pago. Estas considerarán, entre otros factores, la población afectada, para lo que se tomarán datos del Censo elaborado por el INE.

“Si el objetivo era reducir las emisiones de CO2 y no sólo recaudar, lo lógico es que todas las fuentes de emisión fueran gravadas por el impuesto”, dice Muga.

En este sentido, señala que las generadoras cuentan con informes en derecho elaborados por el jurista Eugenio Evans, los que indicarían la inconstitucionalidad de aplicar un impuesto de este tipo sin considerar a todos los involucrados, por lo que estarían evaluando llevar el tema al Tribunal Constitucional en caso de ser necesario. “Esto afecta la igualdad ante la ley”, dijo.

Muga sostiene que la aplicación del tributo tendrá impacto en los precios de la energía, pues -dado el mecanismo diseñado por la autoridad-, las empresas deberán pagar los diferenciales de costo marginal que se produzcan a prorrata en el sistema -lo que será traspasado a precios por las empresas-, y que además desincentivará a las eléctricas a implementar mecanismos de compensación de emisiones.